WASHINGTON D.C. – El Departamento de Estado de los Estados Unidos intensificó la ofensiva contra la estructura operativa del Cártel de Sinaloa al anunciar recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos respectivamente como “La Rana” y “El Aquiles”.
Desde hace 15 años, los hermanos Arzate García han sido identificados por la Administración de Control de Drogas (DEA) como los principales controladores de la plaza de Tijuana, consolidando un corredor estratégico para el flujo de narcóticos hacia el Distrito Sur de California. Su permanencia en el poder se atribuye a una combinación de violencia extrema y la infiltración de redes de corrupción en los ámbitos policial y político.
Terrance Cole, administrador de la DEA, describió a “La Rana” como un líder despiadado especializado en explotar los puertos de entrada fronterizos. Paralelamente, investigaciones del IRS-CI han logrado rastrear millones de dólares blanqueados por la organización a través de complejas transacciones internacionales.
Bajo la administración del presidente Donald Trump, la persecución contra los Arzate ha tomado una dimensión de seguridad nacional. La actual gestión ha designado al fentanilo como un Arma de Destrucción Masiva (ADM), lo que eleva la severidad de las acciones contra sus traficantes.
El año pasado, el Cártel de Sinaloa fue clasificado formalmente como:
- Organización Terrorista Extranjera (OTE).
- Terrorista Global Especialmente Designado (GTDE).
Debido a esto, René Arzate García enfrenta ahora cargos adicionales por narcoterrorismo y apoyo material a organizaciones terroristas, según la acusación formal sustitutiva presentada por el Departamento de Justicia.
Los hermanos Arzate se encuentran prófugos desde 2014, año en el que fueron acusados por narcotráfico en el Distrito Sur de California. Sus nombres ya figuraban en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) desde agosto de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 14059, que sanciona a actores extranjeros involucrados en el tráfico ilícito global de drogas.
Con este nuevo anuncio, el gobierno estadounidense busca asfixiar las finanzas y la movilidad de quienes son considerados piezas clave en la crisis de salud pública que atraviesa el país vecino.