La crisis de desapariciones en Michoacán ha tomado una dimensión internacional. La Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad reveló que existe un registro oficial de 18 ciudadanos de nacionalidad colombiana desaparecidos, cuyos rastros apuntan a un patrón de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado para utilizarlos como Sicarios.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas habrían sido "enganchadas" bajo falsas promesas o mediante violencia directa para integrarse a las filas de grupos delictivos que operan en diversas regiones del estado.
El titular de la Comisión, Alfredo Tapia Navarrete, informó que, gracias a las labores de rastreo, se ha logrado localizar con vida a cuatro de estos individuos. Aunque no se precisaron los municipios donde fueron ubicados por razones de seguridad, los testimonios de los sobrevivientes son contundentes.
"Las cuatro personas localizadas confirmaron que su ausencia fue resultado de una desaparición forzada, manifestando explícitamente haber sido reclutadas contra su voluntad para realizar labores operativas para la delincuencia organizada", señaló Tapia Navarrete.
Estos hallazgos confirman la sospecha de los familiares, quienes desde el inicio del proceso de búsqueda argumentaron que sus seres queridos estaban siendo utilizados como mano de obra por los cárteles locales.
A pesar de los 18 casos registrados oficialmente, la magnitud del problema podría ser mucho mayor. El comisionado detalló que, según la inteligencia recabada, existe un número superior de víctimas de origen colombiano en la entidad; sin embargo, no existen denuncias formales por parte de sus familiares en muchos de estos casos.
Se mantiene un canal de comunicación abierto con las autoridades consulares de Colombia para el intercambio de información y apoyo a las familias.
La Comisión de Búsqueda y las autoridades consulares colombianas trabajan de la mano para agilizar la identificación y localización de los 14 ciudadanos restantes. El fenómeno de los extranjeros "enganchados" por el narco en Michoacán añade una capa de complejidad a la estrategia de seguridad estatal, evidenciando rutas de tráfico de personas que trascienden las fronteras mexicanas.
La prioridad actual de las instituciones es garantizar la seguridad de quienes han sido localizados y obtener datos que permitan desarticular las redes de captación que operan en Sudamérica y México.