La delgada línea que divide a las instituciones de seguridad del crimen organizado ha vuelto a fracturarse tras un evento estremecedor. La noche del pasado 26 de diciembre, en la colonia Riberas de Sacramento de Chihuahua, lo que parecía una ejecución típica del narcotráfico reveló un trasfondo institucional: los responsables eran integrantes de la Guardia Nacional.
La víctima, identificada como Adrián M., perdió la vida tras un ataque directo y letal. La reconstrucción de los hechos, basada en pruebas periciales, ha descartado escenarios de legítima defensa, asalto o riña; se trató de una agresión planificada y ejecutada con armas de fuego.
Gracias a la rápida intervención de las autoridades locales, apoyada por testimonios y el rastreo de cámaras de videovigilancia, se logró la detención en flagrancia de dos sujetos vinculados a la corporación federal:
- Un elemento en activo de la Guardia Nacional.
- Un exelemento recientemente dado de baja de la misma institución.
Ambos sujetos fueron capturados poco después del crimen y puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes calificaron la detención como legal.
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Lo más inquietante del caso surgió durante las audiencias iniciales. Según fuentes cercanas a la investigación, uno de los detenidos habría confesado que el ataque no fue personal, sino una ejecucion por encargo.
"Uno de los implicados declaró que un tercero les ofreció la cantidad de 9 mil pesos para terminar con la vida de Adrián M."
Esta revelación ha encendido las alarmas en los tres niveles de gobierno, pues refuerza la sospecha de que agentes federales, entrenados con recursos públicos, podrían estar operando como sicarios a sueldo para terceros o estructuras criminales.
Actualmente, ambos hombres se encuentran bajo prisión preventiva por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, la Fiscalía del Estado no descarta que el caso escale a delitos de mayor gravedad conforme avancen las indagatorias para identificar al autor intelectual que pagó por el ataque.
La investigación busca determinar:
- Si existen más elementos de la corporación involucrados.
- El origen del dinero y el vínculo con bandas delictivas locales.
- El uso de armas oficiales en la comisión del delito.
Este caso deja una herida abierta en la confianza ciudadana hacia la Guardia Nacional, en una región donde el uniforme debería representar el último bastión de justicia y no una herramienta más para la violencia remunerada.