Un total de 17 sicarios, entre ellos 12 Colombianos, del Cartel de Los Reyes, liderado por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “Güicho el de Los Reyes”, y a Alfonso Fernández Magallón, conocido como “Poncho La Quiringua”, fueron detenidos por su participación en el atentado con explosivos que cobró la vida de ocho elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional. El trágico incidente ocurrió en la comunidad de El Santuario, ubicada en Los Reyes en límites de Michoacán y Jalisco.
El operativo que condujo a estas detenciones se llevó a cabo en una casa de seguridad localizada en la región que abarca los municipios de Los Reyes, Peribán y Tocumbo. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad también lograron el aseguramiento de un importante arsenal de armas, varios vehículos con reporte de robo y material explosivo.
El atentado con una "narcomina", ocurrido días atrás, generó una respuesta inmediata y contundente por parte de las fuerzas armadas. Gracias a intensas labores de inteligencia, se logró ubicar el domicilio que era utilizado como base por la célula criminal, vinculada al cártel responsable de la agresión. La ejecución de un cateo en el inmueble permitió asegurar armamento, cartuchos útiles y dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente.
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De acuerdo con información proporcionada por autoridades castrenses, varios de los detenidos de origen colombiano poseen experiencia militar en su país de origen. Se presume que habrían sido contratados por la organización criminal para fungir como instructores en el manejo de explosivos, los cuales son utilizados por el crimen organizado tanto en la fabricación y activación de "narcominas" como en el uso de "narcodrones" con fines ofensivos.
En el sitio de la detención, también fue localizado material explosivo adicional, el cual está siendo analizado por expertos para confirmar su peligrosidad y establecer su posible relación directa con el atentado que cobró la vida de los militares.
Los 17 implicados en este caso fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya ha iniciado las investigaciones correspondientes. El objetivo principal de estas indagatorias es establecer sus vínculos precisos con el ataque y determinar el grado de responsabilidad individual de cada uno de los detenidos en los hechos.
Las fuerzas armadas han informado que la prioridad en este momento es evitar nuevos atentados con explosivos improvisados, dada su alta inestabilidad y el grave riesgo que representan, incluso para quienes los manipulan. La estrategia se centra en desarticular por completo a las células criminales especializadas en este tipo de ataques, buscando erradicar esta amenaza.
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